Por Koke González
Hoy, como ayer y antes de ayer,
el tema es el tema. Creo que no hay otro, y si lo hay queda totalmente en un
segundo plano. Está claro que hablo del conflicto abierto entre gobierno y
minería. Se ha hablado, se habla y se seguirá hablando mucho de lo que fue y es
la industria minera para comunidades como Asturias o Castilla y León. Su
aportación al tejido social y económico de las comarcas es incuestionable, como
incuestionable es que los trabajadores luchen por sus puestos de trabajo cuando
ven que peligran. Pero van a permitirme que hoy analice la postura de la otra
parte, es decir, del gobierno nacional y del partido político que lo sustenta.
Y es que ¿cómo van a respetar los mal llamados liberales (que sí conservadores)
los acuerdos ya firmados por otros, si no respetan ni lo que dicen defender en
su aparente ideología política y doctrinal? Me explico. Alguien podría ver el
recorte actual de las ayudas al carbón como una política económica puramente
liberal, cuando simplemente es una política liberal a medias. El mercado
liberal que tanto defienden teóricamente los políticos del Partido Popular, no
deja de ser un libremercado en el que cada cual se las apañe con lo suyo y
contra el vecino, donde el gobierno ni pincha ni corta, que en este caso
significaría la retirada total de las ayudas al sector minero.
Eso es de forma
muy simple lo que debería representar la pertenencia al Partido Popular. Un
partido que no duda en pisar su discurso teórico para rescatar con dinero
público empresas privadas como Bankia o hacer nacionalizaciones cuando hace
apenas un mes ponía el grito en el cielo por las llevadas a cabo por Cristina
Kitchner. Son sólo unos pequeños ejemplos, pero habría más. Por eso el
desencanto, al menos en las comarcas mineras de quienes votaron al Partido
Popular debería ser unánime. Quien les votó el pasado noviembre sabiendo qué es
y debería representar el Partido Popular desde la teoría ideológica, es decir
la doctrina del libremercado y el individualismo, han visto cómo han hecho del
Estado un interventor activo, que nacionaliza, restaca y subvenciona (aunque a
menor cuantía); y los que lo votaron pensando sólo que un cambio podría ser la
solución a los problemas de España, después de ver incrementados sus impuestos,
bajados sus salarios y reducidos sus derechos laborales y sociales, y
recortadas las ayudas al primer sector económico de la zona, es de suponer que
estarán en la misma sintonía de desencanto. Y luego están los alcaldes,
diputados, concejales etc, etc, del Partido Popular que defienden la minería
tal y como está concebida y firmada. Para entender esta posición habría dos
opciones: que no conozcan los argumentos ideológicos del partido al que
representan, lo que tendría que llevarles a replantearse su posición política,
y el falso populismo, es decir la demagogia, el falso discurso que no lo
enemiste con sus vecinos y por consiguiente, sus votantes.