La Sindicatura de Cuentas exige castigos para los concejos que eluden su fiscalización
La institución recomienda a la Junta General sancionar a los ayuntamientos que no le envían sus presupuestos a tiempo
El Síndico Mayor, Avelino Viejo, da explicaciones a un diputado en una comparecencia en la Junta. J. vallina
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El Ayuntamiento de Amieva trabaja duro para ponerse al día con la Sindicatura de Cuentas. Hasta hace una semanas, nunca había remitido al órgano fiscalizador dependiente de la Junta General sus cuentas anuales. En realidad, la puntualidad en los compromisos con los síndicos es una característica poco difundida entre los 78 concejos de la región. Solo doce de ellos enviaron a tiempo toda la documentación del año 2008, según denuncia el informe sobre ese ejercicio que la Sindicatura aprobó la semana pasada y difundió el martes. Por eso la institución se ha decidido a incluir entre sus conclusiones una recomendación al Parlamento regional. Los síndicos quieren que esas conductas tengan consecuencias y reclaman a los diputados la creación de un sistema de sanciones para castigar los incumplimientos de los plazos y la falta de colaboración con sus requerimientos de ayuda.
La Sindicatura, en realidad, defiende un sistema de palo y zanahoria que incluya también incentivos a los ayuntamientos cumplidores. El informe señala que ese esquema funciona ya en otras comunidades que, de esa manera, han conseguido mejorar la agilidad en la fiscalización de las cuentas de las administraciones. Para ser justa, la Sindicatura no solo apunta a los concejos por eludir sus obligaciones. En el estudio sobre la Cuenta General del Principado en 2010, los síndicos también apuntaban su decepción con el Gobierno regional por impedirles acceder a documentos de 2011 necesarios para hacer un seguimiento de los resultados de decisiones adoptadas en el ejercicio anterior.
El enfado de los síndicos tiene su origen en el retraso con el que llegaron a sus manos los datos de las 201 entidades (concejos, parroquias rurales, mancomunidades, consorcios y empresas públicas municipales) que quedan incluidas en su fiscalización. Solo 32 de ellas cumplieron la fecha límite del 6 de noviembre de 2009, un mes después del agotamiento del plazo legal para la aprobación definitiva de sus cuentas. El 85% de los ayuntamientos se la saltaron y 23 de ellos aún no habían remitido los datos necesarios casi dos años después, el 30 de junio de 2011, el día en que se cerró el informe.
Obedecer el mandato legal de someterse a las inspecciones de la Sindicatura parece más una cuestión de voluntad que de medios. Los dos mayores ayuntamientos de la región, los de Gijón y Oviedo, cumplieron. Pero, en el extremo opuesto de la clasificación según el tamaño, Yernes y Tameza, cuya población no llega a 100 vecinos, también logró tener a tiempo todos sus documentos en regla. Amieva es el caso extremo de insumisión: desde que la Sindicatura empezó su programa fiscalizador por las cuentas de 2005, nunca ha respondido a sus requerimientos. Nueve concejos aún no han abierto sus libros correspondientes a 2006 y una docena sigue sin dar explicaciones de 2007.
Plantillas sin relación La inspección de la Sindicatura no se limita al estado de cuentas. Su mandato se extiende también al análisis sobre los gastos de personal. Y en ese apartado también se ha encontrado con concejos reticentes a colaborar. Hasta 16 ayuntamientos no han respondido a su cuestionario. Con la información que sí recibieron, los síndicos constataron que 31 concejos incumplían en 2008, bajo los anteriores equipos de gobierno, su obligación legal de disponer de una relación de puestos de trabajo, el catálogo según el cual se contrata al personal para los servicios municipales. Se trata, en general, de ayuntamientos de pequeño tamaño, aunque hay excepciones notables a ese perfil: Mieres, Lena, Cangas del Narcea o Tineo aparecen en esa lista. La cuestión es grave porque solo el 35% de los empleados municipales han superado una oposición para ser funcionarios. El resto tiene otro tipo de relación laboral.
Con todos esos motivos, más los antecedentes de recomendaciones anteriores ya asumidas por la Junta General, los síndicos solicitan al Parlamento que establezcan incentivos o conminen a los ayuntamientos a cumplir con sus obligaciones legales. A esos motivos de puro cumplimiento de las leyes, el informe añade la consideración de la necesidad especial de transparencia y “riguroso control de los fondos” en las cuentas públicas mientras dure la crisis.
Más ineficiencia La carencia generalizada de relaciones de puestos de trabajo también preocupa a los síndicos porque consideran que su ausencia implica una pérdida de eficacia y eficiencia en los servicios que los ayuntamientos prestan a los ciudadanos. Sin esa herramienta, señalan, es imposible que fijen sus prioridades y se doten de una estructura apropiada para sus necesidades.
La recomendación señala a la Junta las experiencias de otras comunidades españolas que han conseguido mejorar sus índices de rendición de cuentas. Los sistemas más eficaces, según el informe, son mixtos. Combinan los incentivos a quien cumple con un sistema de sanciones a quienes se pasan de fecha.
La Sindicatura, en realidad, defiende un sistema de palo y zanahoria que incluya también incentivos a los ayuntamientos cumplidores. El informe señala que ese esquema funciona ya en otras comunidades que, de esa manera, han conseguido mejorar la agilidad en la fiscalización de las cuentas de las administraciones. Para ser justa, la Sindicatura no solo apunta a los concejos por eludir sus obligaciones. En el estudio sobre la Cuenta General del Principado en 2010, los síndicos también apuntaban su decepción con el Gobierno regional por impedirles acceder a documentos de 2011 necesarios para hacer un seguimiento de los resultados de decisiones adoptadas en el ejercicio anterior.
El enfado de los síndicos tiene su origen en el retraso con el que llegaron a sus manos los datos de las 201 entidades (concejos, parroquias rurales, mancomunidades, consorcios y empresas públicas municipales) que quedan incluidas en su fiscalización. Solo 32 de ellas cumplieron la fecha límite del 6 de noviembre de 2009, un mes después del agotamiento del plazo legal para la aprobación definitiva de sus cuentas. El 85% de los ayuntamientos se la saltaron y 23 de ellos aún no habían remitido los datos necesarios casi dos años después, el 30 de junio de 2011, el día en que se cerró el informe.
Obedecer el mandato legal de someterse a las inspecciones de la Sindicatura parece más una cuestión de voluntad que de medios. Los dos mayores ayuntamientos de la región, los de Gijón y Oviedo, cumplieron. Pero, en el extremo opuesto de la clasificación según el tamaño, Yernes y Tameza, cuya población no llega a 100 vecinos, también logró tener a tiempo todos sus documentos en regla. Amieva es el caso extremo de insumisión: desde que la Sindicatura empezó su programa fiscalizador por las cuentas de 2005, nunca ha respondido a sus requerimientos. Nueve concejos aún no han abierto sus libros correspondientes a 2006 y una docena sigue sin dar explicaciones de 2007.
Plantillas sin relación La inspección de la Sindicatura no se limita al estado de cuentas. Su mandato se extiende también al análisis sobre los gastos de personal. Y en ese apartado también se ha encontrado con concejos reticentes a colaborar. Hasta 16 ayuntamientos no han respondido a su cuestionario. Con la información que sí recibieron, los síndicos constataron que 31 concejos incumplían en 2008, bajo los anteriores equipos de gobierno, su obligación legal de disponer de una relación de puestos de trabajo, el catálogo según el cual se contrata al personal para los servicios municipales. Se trata, en general, de ayuntamientos de pequeño tamaño, aunque hay excepciones notables a ese perfil: Mieres, Lena, Cangas del Narcea o Tineo aparecen en esa lista. La cuestión es grave porque solo el 35% de los empleados municipales han superado una oposición para ser funcionarios. El resto tiene otro tipo de relación laboral.
Con todos esos motivos, más los antecedentes de recomendaciones anteriores ya asumidas por la Junta General, los síndicos solicitan al Parlamento que establezcan incentivos o conminen a los ayuntamientos a cumplir con sus obligaciones legales. A esos motivos de puro cumplimiento de las leyes, el informe añade la consideración de la necesidad especial de transparencia y “riguroso control de los fondos” en las cuentas públicas mientras dure la crisis.
Más ineficiencia La carencia generalizada de relaciones de puestos de trabajo también preocupa a los síndicos porque consideran que su ausencia implica una pérdida de eficacia y eficiencia en los servicios que los ayuntamientos prestan a los ciudadanos. Sin esa herramienta, señalan, es imposible que fijen sus prioridades y se doten de una estructura apropiada para sus necesidades.
La recomendación señala a la Junta las experiencias de otras comunidades españolas que han conseguido mejorar sus índices de rendición de cuentas. Los sistemas más eficaces, según el informe, son mixtos. Combinan los incentivos a quien cumple con un sistema de sanciones a quienes se pasan de fecha.
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