Solo 12 concejos rinden cuentas dentro de plazo
31 ayuntamientos carecen de relación de puestos de trabajo
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Solo una minoría de los ayuntamientos se toma en serio sus
obligaciones de rendir cuentas de sus actuaciones económicas ante los
Síndicos del Principado. El informe de la institución sobre el
comportamiento del sector público local en 2008, aprobado la semana
pasada, concluye con una recomendación a la Junta General. Los síndicos
piden al Parlamento que adapte a la situación asturiana el sistema de
incentivos y sanciones que ya han puesto en marcha otras comunidades
autónomas para estimular al cumplimiento de los plazos legales a los
ayuntamientos más remolones. Ese esquema de premios y castigos funciona,
a juicio de los redactores del informe, y ha logrado mejorar en el
comportamiento de las corporaciones.
En Asturias, solo una docena de ayuntamientos enviaron a la Sindicatura toda la documentación referente a 2008 en tiempo y forma. El tamaño no ha de servir como excusa para los retrasos: cumplieron tanto Gijón y Oviedo, las dos mayores ciudades, como el diminuto Yernes y Tameza. el concejo más pequeño de los 78 que forman el mapa municipal de la región. Candamo, Castrillón, Coaña, Colunga, Muros de Nalón, Peñamellera Baja, Riosa, Valdés y Villaviciosa completan la lista de los alumnos aplicados.
Frente a ellos, 23 corporaciones incumplieron el mandato legal de someter sus cuentas al escrutinio del órgano auxiliar del Parlamento regional. El caso más sangrante es el de Amieva. Su ayuntamiento nunca ha remitido un informe a la Sindicatura desde que la Junta decidió crearla. Acumula ya cuatro ejercicios sin auditar. Belmonte de Miranda, Carreño, Caso, Corvera, Laviana, Langreo, Lena, Llanes, Noreña, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Ponga, Proaza, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba, San Martín del Rey Aurelio, Santo Adriano, Sobrescobio, Somiedo y Tineo también eluden el control de los síndicos.
Los otros 43 concejos acabaron por enviar la información, aunque lo hicieron con diferentes grados de retraso. Santa Eulalia de Oscos, que aguardó hasta el 28 de abril de 2011, fue el que acumuló más demora.
Además de esa falta de colaboración, la Sindicatura constata que 31 ayuntamientos carecen del “instrumento básico y obligatorio de ordenación del personal”. Esas administraciones no disponen de la relación de puestos de trabajo. “Este hecho pone de manifiesto la necesidad de que los ayuntamientos y sus entes dependientes revisen su estructura de personal para adecuarla a los servicios que prestan a los ciudadanos”, señalan los síndicos. A falta de esa herramienta para analizar las necesidades de sus plantillas y la mejor manera de cubrirlas, los concejos ejercen cierta discrecionalidad: solo el 35% de sus trabajadores son funcionarios y el porcentaje es ínfimo en los organismos autónomos, donde los empleados públicos de carrera solo representan el 0,3% del empleo.
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